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JEP Colombia

10 años desenterrando el horror de los falsos positivos en los Llanos

Los cementerios de los Llanos han sido sitios de encuentro para las familias que llegan buscando respuestas sobre sus familiares desaparecidos.

Los cementerios de los Llanos han sido sitios de encuentro para las familias que llegan buscando respuestas sobre sus familiares desaparecidos.

Foto:Cortesía: Cofab.

En 5 cementerios se hallaron 2.304 cuerpos sin identificar: 1.674 reportados como bajas de combate.

Juan David López
Desde que mataron a José Indalecio González hasta que su familia recibió su cuerpo pasaron 5.062 días. Fue “dado de baja” por el Ejército el 6 de febrero del 2002, pero sus restos no fueron entregados sino hasta el 17 de diciembre de 2015.

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José Indalecio trabajaba en la finca La Llanerita, en San Martín, Meta. Se comunicaba con frecuencia con su familia, en Villavicencio, hasta que, sin ellos saber por qué, dejó de hacerlo. Hacia 2004, la familia tuvo indicios de que había muerto y de que su cuerpo podía estar en el cementerio de Granada, Meta. Indicios sin certezas, porque en la tumba donde estaba no lo acompañaba su nombre.
Este caso no ha sido resuelto por la justicia. José Indalecio fue reportado como baja en combate por el batallón de infantería n.º 21 ‘Pantano de Vargas’, adscrito a la Cuarta División del Ejército. Supuestamente, un guía lo señaló como guerrillero de las Farc.
Para entonces, el comandante del batallón era Héctor Alejandro Cabuya, condenado en 2016 por vínculos con paramilitares del bloque ‘Centauros’ e investigado por ejecuciones extrajudiciales en los Llanos a inicios de la década del 2000.
Para que el cuerpo de José Indalecio volviera a su familia confluyeron muchos factores, entre ellos que el 22 de julio del 2010, hace 10 años, se celebró en La Macarena, Meta, una audiencia pública que se convirtió en un hito para la historia de los desaparecidos en el país, y en particular para la de los llamados ‘falsos positivos’ en los Llanos.
(Lea también: Coronel (r) Rincón describe cómo se ejecutaban los 'falsos positivos')

¿La fosa más grande?

Tras romperse los diálogos en San Vicente del Caguán con las Farc, el Estado adelantó una ofensiva para retomar el control en la región.
César Santoyo, director de la corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Cofab), cuenta que a finales de la década varios defensores de derechos humanos que trabajaban con las comunidades de la región del Ariari se encontraron con la angustia de las familias cuyos seres queridos habían desaparecido. “Logramos documentar varios casos y establecer que algo raro estaba pasando”, cuenta.

Los pobladores empezaron a atar cabos, pues había muchas personas desaparecidas y en los cementerios muchos cuerpos sin identificar

El sacerdote Javier Giraldo, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), recuerda que hacia 2009 “había mucha inquietud” en la gente de La Macarena porque el agua estaba llegando “completamente putrefacta, con un olor nauseabundo”.
El acueducto pasaba cerca del cementerio. Veían que con frecuencia llegaban helicópteros militares a descargar cadáveres en el camposanto, y que estos eran enterrados en fosas comunes. “Empezaron a interpretar que tal vez estaban mal sepultados”, cuenta el padre Giraldo.
El sepulturero de la época les confirmó que “se estaba sepultando muchísima gente sin las debidas precauciones”, recuerda el sacerdote.
(Más historias relacionadas: Las heridas que quedan abiertas cuando se halla a los desaparecidos)
Según Adriana Pestana, psicóloga del Cofab, los pobladores empezaron a atar cabos, pues había muchas personas desaparecidas y en los cementerios muchos cuerpos sin identificar.
Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso convocó a una audiencia pública de la que participaron europarlamentarios y cerca de 4.000 habitantes de la región, entre ellos centenares de campesinos que contaron las historias de sus familiares. Allí se amplificaron las denuncias sobre el recrudecimiento y degradación del conflicto en la región, que al parecer se tradujo en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Pusieron la lupa sobre cinco cementerios: en Meta, los de La Macarena, Granada, Vista Hermosa y Villavicencio, y en Guaviare, el de San José del Guaviare.
Las comunidades campesinas del Ariari han mantenido denuncias de violaciones a derechos humanos.

Las comunidades campesinas del Ariari han mantenido denuncias de violaciones a derechos humanos.

Foto:Cortesía: Cofab.

En febrero del 2010, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía -hoy Justicia Transicional- inició en La Macarena el “trámite investigativo relacionado con la presunta existencia de cuerpos inhumados, sin el cumplimiento de los procedimientos y protocolos legales”, según respuesta entregada por esa entidad a este medio. Un equipo del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) fue destinado para intervenir los cementerios de los Llanos.
Luego, el 26 de octubre de 2010, el Ministerio del Interior firmó un convenio con la Registraduría Nacional y el Instituto de Medicina Legal para comenzar a identificar a las personas fallecidas y cruzar esos datos con el Registro Nacional de Desaparecidos. Según Santoyo, “la crudeza del horror y la situación de las comunidades jugó a favor de que también hubiera sensibilidad por parte de estas entidades del Estado”.
Para entonces se empezaba a dimensionar la desaparición representada en tumbas anónimas por todo el país. Pestana recuerda que se comenzó a hablar de La Macarena como la fosa común más grande de Colombia. Aclara que, primero, no era una fosa, sino muchas, y segundo, no podían afirmar eso, aunque la dimensión de lo ocurrido no es menor.
Solo en los cinco cementerios, se documentó que había inhumados 2.304 cuerpos sin identificar. De estos, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. Aún no se sabe, a ciencia cierta, cuántos fueron ‘falsos positivos’. La Fiscalía y Medicina Legal han logrado la entrega de 280 personas.
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Tras los ‘falsos positivos’

Según un informe presentado en 2018 por varias organizaciones sociales a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Batallón 21 Vargas –el implicado en la muerte de José Indalecio González– registró 450 bajas en combate en la primera década del siglo, en el cementerio de Granada.
Esa no fue la única unidad militar en la región, por eso las organizaciones piden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indagar por todas las unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército.
(Le puede interesar: Piden a la JEP acreditar a víctimas de 20 casos de 'falsos positivos')
El Batallón Contraguerrilla 47 registró 350 bajas en el cementerio de Villavicencio. En el de Vista Hermosa fueron inhumadas otras 40 personas como bajas en combate, registradas por otra brigada del Batallón 21.
Al de La Macarena llegaron 424 cuerpos no identificados, registrados como bajas por la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), la Brigada Móvil n.º 2 y los batallones contraguerrila 52, 36, 15, 17 y 70. Y en San José del Guaviare fue el batallón José Joaquín París, con 410 cuerpos no identificados y reportados como bajas en combate.
Santoyo cuenta que el Cofab hace litigio directo por alrededor de 40 casos que serían ‘falsos positivos’. Representaron esos casos ante la justicia ordinaria y la justicia penal militar, y ahora lo hacen ante la JEP, donde han pedido que las víctimas sean acreditadas. Los militares investigados son alrededor de 40, de los cuales la mayoría eran rasos.
Gracias a la audiencia de La Macarena, cientos de familias tuvieron un seguimiento jurídico que les permitió dar con los restos de sus familiares.

Gracias a la audiencia de La Macarena, cientos de familias tuvieron un seguimiento jurídico que les permitió dar con los restos de sus familiares.

Foto:Cortesía: Cofab.

El Batallón 21 Vargas fue priorizado en la investigación del caso 03 de la JEP, sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”. Ha rendido versión más de una decena de militares, entre ellos el coronel (r) Cabuya y el mayor (r) Wilson Orlando Lizarazo, ambos condenados. Las organizaciones esperan que la JEP suba en la escalera de mando y determine si hubo responsabilidades en las cabezas de la Cuarta División. Además, que también se priorice Guaviare.
Una fuente que conoce los casos contó que Cabuya era investigado por cinco casos, pero en la JEP mencionó 42. Los casos de este militar retirado se refieren, principalmente, a inicios de la década del 2000 y a un patrón de colaboración con paramilitares, que no fue el único bajo el cual se cometieron ‘falsos positivos’. “Lo que pasó en el Meta fue mucho más allá de ese periodo y de ese comandante”, dice.
(Lea también: Por ‘falsos positivos’ van 1.740 condenas)
Las autoridades de justicia tienen la deuda de esclarecer lo sucedido. Aún si la mayoría no fueran víctimas de ejecuciones extrajudiciales daría cuenta de la intensidad que tuvo la guerra en la región. Mientras tanto, las labores forenses continúan para devolver los cuerpos a sus familias.
Adriana Pestana cuenta que el mayor acto de entrega de cuerpos ocurrió en diciembre de 2015. Para entonces estaba en marcha la mesa de La Habana, donde se acordaron medidas humanitarias urgentes sobre desaparición. “Como que le meten el acelerador y varios cuerpos que ya estaban identificados son entregados a las familias”, cuenta. Fueron 29 los cuerpos que volvieron con sus familias.

Todavía se adelanta la recolección de información, análisis y verificación de esta, así como la recuperación e identificación de cuerpos

En el Cofab se dieron cuenta de que las víctimas no eran solo de los Llanos. Muchas personas llegaron allí atraídos por las bonanzas económicas. Con las primeras identificaciones que logró la Fiscalía con la Registraduría se hicieron varias publicaciones de la revista Rastros, el Colectivo tomó las fotos y las convirtió en piezas comunicativas para dar con las familias.
Luego, se dieron cuenta de que era necesario llevar esas piezas más allá de los municipios llaneros, pues los familiares de muchas de esas personas están en regiones como el Pacífico, el Caribe, Antioquia o Cundinamarca. Al final, la verdad que se desentierra en los Llanos no es solo de esa región, sino que cuenta la historia de gente de todo el país.

Continúan las exhumaciones en cuatro cementerios

Solo en el cementerio de Vista Hermosa terminaron las exhumaciones. En los demás, según la Fiscalía, todavía se adelanta la recolección de información, análisis y verificación de esta, así como la recuperación e identificación de cuerpos “dada la complejidad de las situaciones presentadas en los mismos”.
De los 1.667 cuerpos que han sido exhumados, 425 fueron en Granada, 617 en Villavicencio, 90 en Vista Hermosa, 386 en La Macarena y 148 en San José del Guaviare. La Fiscalía da cuenta de que han sido identificados y entregados 280 restos de personas a sus familiares.
Por su parte, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda sobre 1.098 personas dadas por desaparecidas en Meta. De estas, 40 solicitudes corresponden a personas que se presume que desaparecieron en La Macarena, bien sea que sus familiares estén allí o en otra región.
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En el departamento, la UBPD tiene en marcha dos planes regionales de búsqueda que agrupan a 52 personas. Asimismo, según informó esa entidad, se busca construir nuevos planes de búsqueda que agrupan a 453 personas desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari, en Duda – Guayabero, en Capital y Piedemonte y en Puerto Gaitán.
JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de Justicia
Twitter: @LopezJuanDa
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