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Esta semana comenzó con una carta pública de los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó, del partido Comunes, antes FARC, en la que hacían algunas observaciones sobre las “calificaciones y categorías jurídicas” que se puedan emplear en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para acusar y juzgar los hechos cometidos durante el conflicto armado.
Lo dicho por ambos congresistas hizo énfasis en que la guerrilla de las Farc fue una organización rebelde y que esa posición fue la que llevó a sentarse con el Estado para tramitar un acuerdo de paz y que, en ese sentido, no fue un aparto criminal. Esas precisiones, por supuesto, no cayeron del todo bien y han generado debate sobre si, debajo de ese discurso se esconde la negación de crímenes.
En entrevista con El Espectador, Zúñiga, uno de los responsables de la masacre de Bojayá, aclara que no se busca negar la responsabilidad frente a ningún hecho, sino hacer precisiones sobre la necesidad de que cualquier evaluación que se haga en instancias judiciales, como lo es la JEP, debe hacerse en el contexto del conflicto armado y tener en cuenta que la guerrilla fue un proyecto político. “No es una negación de los hechos (…) Nos referimos al desconocimiento del carácter político de las acciones”, dice.
¿Cuáles son las preocupaciones que tienen sobre las acusaciones que ha hecho la JEP?
Estamos planteando unas observaciones que consideramos pertinentes tener en cuenta a la hora de formular las imputaciones. No es la negación de los hechos, sino la observación de la razón misma de los hechos, el contexto en el cual se desarrollaron. Por no decir, por ejemplo, que miles de jóvenes del campesinado y del sector urbanos nos vinculamos al proyecto Farc-EP bajo la convicción de que este era y sigue siendo un proyecto de carácter político que confrontó al Estado ante el nivel de injusticia y criminalidad existente en medio de las aspiraciones generales del pueblo colombianos y, en específico, del campesinado colombianos.
Se puede entender su punto, pero hay apartes de esa carta que chocan con la realidad, como que las Farc no fueron un aparato criminal... ¿Son conscientes de que sí cometieron crímenes durante la guerra?
Por eso hago énfasis en que no es una negación de los hechos, pero hay que ponerlos en contexto. Tenemos un compromiso de esclarecimiento de los mismos, nosotros nos referimos es al tratamiento de estos, en el sentido en que un Estado no aceptaría sentarse a hacer un tratado de paz con una banda criminal. Nos referimos al desconocimiento del carácter político de las acciones, del delito político.
¿Su reparo es porque la JEP los está tratando hoy como criminales?
No solamente la JEP. Hay un desconocimiento o un linchamiento histórico al derecho universal a la rebelión ante los regímenes despóticos. Eso pone en cuestión no solamente el legado histórico de las Farc-EP, sino que pone en cuestión todos los procesos de alzamiento y cuestionamiento de regímenes despóticos a nivel global. Además, eso cierra las posibilidades de construir la paz completa, que es el sueño de las grandes mayorías en Colombia.
¿Cuál es la petición precisa, entonces, que le hacen usted y la senadora Victoria Sandino a la JEP?
Que se tenga en cuenta la existencia del delito político, no es otra. Que se tenga en cuenta la existencia del derecho consagrado a la rebelión, que está consagrado a nivel internacional. A la luz de ese concepto, estamos haciendo una observación, ni siquiera es una crítica, que permita profundizar en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia.
En términos prácticos, ¿para ustedes por qué es importante hacer esa claridad respecto del delito de rebelión?
Es vital porque eso permite avanzar en la construcción de la más amplia democracia, es decir, el reconocimiento de las partes contendientes de los hechos para asumir responsabilidades, pero también para mirarnos a la cara, reconocer esos errores, subsanarlos, pero ante todo dejar como herencia a nuestros hijos y nietos un país diferente y encaminado a la reconciliación.
Pero esta comunicación está ligada a la acusación por el Caso 01 de secuestro...
Se hace como una observación general, porque somos conscientes de los hechos acaecidos durante el largo conflicto que ha padecido nuestro país, del cual somos parte activa. En tal sentido, por ejemplo, puedo decir con toda claridad que yo no ingresé a un aparato criminal, yo ingresé a una organización política que estaba en armas ante el cierre de posibilidades de debates abiertos y ante la acción continua de violencia del Estado frente a esas aspiraciones de las grandes mayorías.
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Le hago esa pregunta porque quería precisar si usted quiere decir que se cometieron secuestros con un fin político...
Las Farc es una organización con una férrea unidad, con una estructura de mando, y quienes militamos en ella, de una u otra manera, asumimos las directrices emanadas por esa estructura de mando. En tal sentido, la motivación de los hechos en algo que tendremos que preguntarle de manera precisa a quienes asumieron el control y la dirección de la organización. Los que estuvimos en su momento en la militancia lo asumimos como un elemento de construcción desde la visión política.
Ustedes publicaron esa carta el domingo y dice, específicamente, que las Farc no fue un aparato criminal. ¿Hoy se mantiene en esa afirmación?
Claro, me mantendré y lo diré en el transcurso de la historia. Nosotros, quienes en un momento determinado abrazamos la causa de las Farc-EP, nos fuimos bajo la visión de que esta respondía a unos criterios y a unos objetivos específicamente político.
Le entiendo esa precisión frente al delito de rebelión, pero hubo otros delitos que cometieron las Farc. ¿Van a pedir la misma precisión frente a reclutamiento de menores, abortos forzados, etcétera?
La generalidad de lo que fueron las Farc está enmarcada dentro del derecho a la rebelión. La JEP tiene la tarea de evaluar, calificar y juzgar la especificidad de los hechos. En tal sentido, somos plenamente respetuosos de esa autonomía y eso tenemos que reiterarlo.
Tanto usted como Victoria Sandino han tenido diferencias evidentes con Rodrigo Londoño, presidente del hoy llamado partido Comunes. ¿Este reclamo tiene que ver con esa pelea?
Más que diferencias individuales, estamos ante la lectura general de un proyecto político y ante el accionar y las motivaciones que generaron el ingreso de cientos de miles de muchachos de generaciones enteras a este proyecto político-militar. Entonces, el debate es ese, la evaluación de esos hechos debe hacerse de acuerdo con el legado histórico. El debate está planteado desde esa óptica y no desde el personalismo ni desde los criterios individuales, sino en defensa de la memoria de esos muchachos que ofrendaron su vida con la visión de construcción de un país mejor, de una Colombia incluyente y de una democracia y, ante todo, de la dignificación de la vida de las grandes mayorías en Colombia.
¿Usted considera que hubo alguna especie de vulneración de sus garantías con la acusación de la JEP o que fueron mal acusados?
Consideramos que estamos en medio de un debate necesario, de unas clarificaciones históricas, donde cada uno debe asumir las responsabilidades correspondientes y ser consecuentes con los hechos, pero ante todo, debemos ser consecuentes con el país.
Esta es la carta completa