¿Cuáles escenarios podrían darse en la región Caribe con el retorno al país de estos exjefes paramilitares? ¿Qué pasará con sus exsocios y exsubalternos?

Una mezcla de expectativas, temores y sospechas generaron en la región Caribe dos noticias recientes cuyos protagonistas son Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, antiguos altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Tovar, exjefe del Bloque Norte de las Auc, regresó el 28 de septiembre al país a bordo de un vuelo proveniente de Estados Unidos, donde purgó una condena de un poco más de doce años por delitos asociados al tráfico de drogas.

Y Giraldo, otrora cabecilla del frente Resistencia Tayrona y capo de la Sierra Nevada, anunció que el próximo año volverá al país. Lo hizo mediante un video grabado en la prisión federal de baja seguridad de Beaumont, Estado de Texas, dado a conocer el 4 de agosto por diversos medios de comunicación. De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de EE.UU., la fecha de libertad está para el 4 de enero de 2021.

Ambos fueron extraditados en 2008 junto con otros 12 exjefes paramilitares, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En aquella época, las distintas estructuras de las Auc se acogieron, entre 2003 y 2006, a un proceso de desarme y reinserción, con base en el acuerdo firmado por su Estado Mayor con el gobierno del hoy exsenador del partido Centro Democrático. (Leer más en: La desmovilización: el proceso de paz 2003-2006)

Mucho ha pasado desde entonces en un país que ha conocido nuevas denominaciones y tipologías para referirse a los actores del crimen organizado surgidos tras el desmonte del paramilitarismo como fuerza armada ilegal, política y antisubversiva: bandas emergentes, grupos neoparamilitares, bandas criminales, grupos armados organizados, grupos delictivos organizados, grupos de delincuencia común organizada y organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico.

Además, uno de los otrora rivales ideológicos y militares de las Auc, la guerrilla de las Farc, firmó en 2016 un Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con el compromiso de regresar a la civilidad, aportar al esclarecimiento de la verdad y la memoria histórica, y se convirtió en un partido político que tiene asiento en el Congreso de la República.

Diferencias marcadas

Giraldo se desmovilizó el 3 de febrero de 2006 como cabecilla del Frente Resistencia Tayrona.

Surgen varios interrogantes sobre los escenarios que podrían darse en los departamentos del Caribe colombiano donde Tovar y Giraldo tuvieron influencia criminal, económica y política: Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar. ¿Serán considerados un estorbo por los nuevos capos del delito? ¿Sus solas presencias producirán otra reorganización y, con esta, nuevas pugnas a sangre y fuego?

Analistas, profesores e investigadores consultados por VerdadAbierta.com coinciden en que cada caso es puntual. Las diferencias más marcadas son las trayectorias de Tovar y Giraldo: el primero es la cara visible de una “máquina de guerra” que basó sus lealtades en torno al dinero, el territorio y las relaciones de poder; el segundo, en cambio, sí creó y lideró un grupo a partir de lazos familiares.

“Con ‘Jorge 40’ las lealtades se basaron en incentivos económicos o, en algún momento, una lucha contrainsurgente. El Bloque Norte fue una ficción que duró 10 años y se diluyó tras su desmovilización. Con Giraldo es diferente, cuya estructura sí contiene un ingrediente de lealtad por lazos familiares”, asegura el politólogo y profesor universitario Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos. (Leer más en: Un genio del mal)

Otro factor distintivo es la formación de cada uno. Giraldo es un campesino caldense que a finales de la década de los sesenta llegó a Santa Marta huyendo de la violencia bipartidista y en busca de oportunidades económicas. Fue uno de los creadores del grupo de vigilancia privada ‘Los Chamizos’ y luego, en 1986, encabezó el surgimiento de las Autodefensas Campesinas de la Vertiente Nororiente de la Sierra Nevada. (Leer más en: Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Mientras que Tovar pertenece a dos de las familias ganaderas tradicionales del departamento de Cesar, con integrantes que hace dos siglos ayudaron a Simón Bolívar en su campaña libertadora. Tiene además formación profesional y alcanzó a trabajar en el sector público de Valledupar, en la Alcaldía de Rodolfo Campo Soto, como Inspector de Pesas y Medidas. Eso le permitió conocer el tejemaneje de la contratación en los entes territoriales, información que aprovechó como jefe paramilitar para estrechar vínculos con funcionarios que le facilitaron el acceso a recursos públicos con los cuales financió, en parte, sus estructuras criminales. (Leer más en: ‘Jorge 40’, Rodrigo Tovar Pupo)

Además, “se dio el lujo de definir quiénes eran gobernadores y alcaldes”, comenta el antropólogo, profesor y defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez. “Tovar sí tenía definido lo que era el proyecto Auc: un movimiento político y militar que fundó la casa Castaño, de los cuales los mayores bastiones y aliados eran él y Mancuso, con quien tiene similitudes en mentalidad criminal y nivel de educación. Eso hace la diferencia con Giraldo, los Rojas y los ‘Cheperos’, grupos muy malos y bélicos, pero sin la capacidad de influencia e infiltración en instituciones de cargos de elección popular”. (Leer más en: La red “anticorrupción” de Jorge 40)

El ‘40’ de ayer y el de hoy

Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, regresó el pasado 28 de septiembre a Colombia, deportado de Estados Unidos.

‘Jorge 40’ era ‘Jorge 40’ por el poderío bélico que podía sostener. En declaraciones entregadas en versiones libres de Justicia y Paz ante fiscales, varios desmovilizados del Bloque Norte detallaron que la remuneración mensual de los llamados “patrulleros” oscilaba entre 300 mil pesos (rurales) y 500 mil pesos (urbanos).

Además, la capacidad armada que logró desarrollar, con una fuerza cercana a los 4.800 combatientes, era motivo suficiente para que pocos funcionarios del Estado se opusieran a sus exigencias. Todo cambió con su desmovilización, en marzo de 2006, y con su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008.

“Hay versiones de que, cuando lo extraditan, lo primero que hizo gente de alias ‘Marquitos Figueroa’ fue amenazar a su familia y mandarle un mensaje. Y fíjese: el hermano fue asesinado (en diciembre de 2009)”, recordó un investigador de la Fiscalía. (Leer más en: Matan a hermano de ‘Jorge 40’)

El profesor Trejos no cree posible que el retorno de Tovar implique el rearme del Bloque Norte, aunque no descarta ciclos de violencia en caso de que pretenda recuperar propiedades y dineros en poder de testaferros en Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar), la zona central del departamento de Magdalena y el sur de Bolívar. “Sus aliados de antes, incluso, hoy lo repudian. No creo que, si hace una convocatoria a las armas, mucha gente la responda”.

Fuentes de la Policía y la Fiscalía, sin embargo, no descartan que su presencia en Colombia causa incomodidades. “Tiene que cuidarse de gente con quien tiene cuentas pendientes, como ‘Marquitos Figueroa’, el clan familiar de los Gnecco en Valledupar que hoy está más fuerte, exaliados políticos y exfinanciadores”. (Leer más en: ¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?)

Más preguntas

Tovar es custodiado por agentes de la DEA, a su arribo en 2008 a Estados Unidos.

Con la deportación de Tovar Pupo, quien fue recluido en días pasados en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, surgen otros interrogantes: ¿tendrá la oportunidad de contar la verdad de las relaciones del Bloque Norte con políticos y empresarios de Magdalena y, en especial, de Atlántico y su capital Barranquilla? ¿Y si la cuenta, contradecirá a sus exsubalternos?

Las versiones de ‘Jorge 40’ podrían contradecir la entregada en diversos tribunales por sus antiguos subalternos, pero hasta el momento eso no será posible bajo la Ley de Justicia y Paz, que rige para exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno nacional, por cuanto fue expulsado en 2015 porque después de su extradición fue renuente a comparecer ante fiscales y magistrados. (Leer más en: La verdad de ‘Jorge 40’ fue “vaga e imprecisa”: Corte Suprema)

“No lo extraditan para callar la verdad, sino para fragmentarla porque Justicia y Paz permitió que la verdad recayera en los victimarios, sin que el sistema judicial tuviera capacidad de contrastar qué era verdad y qué no”, cuestiona Dimas.

Si bien con el Acuerdo de Paz firmado con las Farc surgió un nuevo escenario de justicia transicional para escuchar las verdades sobre más de cincuenta años de guerra, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó su sometimiento como exintegrante de grupos paramilitares u otros grupos armados ilegales distintos a las Farc, pero estudia su comparecencia en calidad de tercero.

“Es posible que haya presiones para que no sea aceptado en la JEP, aunque acá estarían más que todo empresarios, financistas legales y los aliados de ‘40’ que no eran políticos: empresarios o miembros de grupos económicos con relevancia en la región y que hoy hacen parte o son cercanos al gobierno actual”, añade Trejos.

Zúñiga tampoco contempla que Tovar rompa su silencio, si no tiene beneficios: “Aunque digan que no, es una ley flexible y cabe la posibilidad. Incluso, hay magistrados que están peleando por eso, porque es quedarse sin un pedazo de la verdad y por eso hay controversias dentro de la JEP”.

Con o sin Giraldo, ilegalidad persiste

Giraldo, en poder de agentes de la DEA, a su llegada en 2008 a Estados Unidos.

Lo que le espera a Giraldo Serna dista del panorama de Tovar Pupo, en gran parte por la “maraña familiar” de hijos, primos, sobrinos y nietos que permanecen en la Sierra Nevada y que, en no pocos casos, siguen delinquiendo.

“En algunas zonas del Caribe, el paramilitarismo de ‘40’ desapareció por completo, como en Pivijay, Salamina, Zona Bananera (Magdalena), en Barranquilla y el Atlántico. Eso hace la diferencia con Giraldo: se desmovilizó él, pero su familia quedó en la zona”, asevera Dimas. (Leer más en: Hernán Giraldo: máquina de guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Defensores de derechos humanos de Magdalena han contabilizado 13 grupos criminales surgidos o llegados a Santa Marta, a partir de la desmovilización de Giraldo y el Frente Resistencia Tayrona: desde ‘Águilas Negras’, ‘Los 40’, ‘Los Nevados’, ‘Los Giraldo’, ‘Los Pachenca’ y hasta las autodenominadas ‘Nuevas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Giraldo se ve diezmado físicamente, pero la diferencia es que su estructura y territorio siguió bajo fuego. Han sido 14 años después de la desmovilización y no ha pasado un día sin que haya supremacía de un grupo armado. Su territorio es específico: la troncal del Caribe”, advierte la politóloga y líder de derechos humanos, Priscila Zúñiga Jiménez.

La organización criminal que más incidencia ha mantenido en el territorio samario es la llamada ‘Oficina Caribe’, como se le conoce a la estructura que existe desde épocas de Giraldo y cuyo principal negocio es el narcotráfico.

El antropólogo Dimas dice que el retorno de Giraldo Serna puede dar estabilidad a su clan, por ser su patriarca. “Pero hay que ver su actitud: si es pacificar la región, si llega a combatir o si viene a negociar con los contrarios. Él sabe que llega con muchos ojos puestos encima, que ya no es el mismo de hace 30 años”.

Trejos complementa que con o sin Giraldo Serna, la ilegalidad no desaparecerá de la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe, como en efecto no ha ocurrido en los últimos 12 años, porque la zona es un completo botín para quienes la dominen.

“El mundo criminal –agrega Trejos– no se lo dejarán al sector legal que no tiene capacidad para controlar un territorio que es una gran fuente de riqueza y que, aunque suena descabellado, puede generar unos 100 mil millones de pesos al año, incluyendo negocios de tierras, turismo y proyectos inmobiliarios”.

Otro detalle no menor es que se trata de la estructura criminal más longeva del Caribe colombiano, cuya supervivencia ha estado garantizada por la presencia de familiares de Giraldo Serna en las dinámicas ilegales.

Por ejemplo: en mayo del año pasado, la Policía dio de baja a Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, señalado jefe de ‘Los Pachenca’, en compañía de su primo Mario Giraldo Márquez (hijo); y al mes siguiente, en otro operativo murió Deimer Patiño Giraldo, alias ‘80’ (sobrino), considerado sucesor de Aguirre. (Leer más en: La ‘vieja’ estructura que busca retomar el poder criminal en parte del Caribe)

“Que viene en son de paz, pero, ¿qué es son de paz cuando regresas a una zona controlada por familiares que siguen teniendo nexos y presencia en la criminalidad?”, se pregunta Dimas. “No creo que venga a delatar a hijos y parientes, cuando él lo que creó es una estructura intergeneracional, y ahora con el discurso de las disidencias veo poco probable que se comprometa y cumpla con desmontar la estructura”.

Por su parte, Zúñiga plantea que la llegada de Giraldo “sí causará un impacto por su cercanía y en cualquiera de los casos causará malestar: si apoya, si ordena el desarme o si prefiere hacerse a un lado, porque sería romper con la supremacía de un clan en el que han crecido nuevos liderazgos sin la sombra de él”.

El tiempo decantará que ocurrirá en una región que ambos exjefes paramilitares controlaron con mano de hierro, mientras sus víctimas esperan que, con su arribo al país, contribuyan con la verdad y la reparación que adeudan.