El Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 para darle respaldo legal a la negociación entre el gobierno y las Auc. Gracias a esta ley los paramilitares desmovilizados se beneficiaron de penas alternativas de máximo ocho años de cárcel, a cambio de confesar sus crímenes, esclarecer la verdad, devolver los bienes robados y reparar a sus víctimas.
El trámite de la ley en el Congreso fue lento y polémico, pues parlamentarios de la oposición, organizaciones de derechos humanos e incluso Naciones Unidas temían que la ley fuera demasiado generosa con los victimarios.
Otros se preguntaron qué tan legítimo era un Congreso golpeado por la ‘parapolítica’ para votar esta ley.
El gobierno postuló 4.800 paramilitares a Justicia y Paz, que a julio de 2011 habían confesado 16.287 asesinatos, confesado 26.000 delitos, a los que se han relacionado 32.000 víctimas. El proceso ha sido criticado por su lentitud y las pocas condenas a los desmovilizados, la poca participación de las víctimas y el sentimiento que ahí se han contado verdades a medias. Sin embargo, el balance positivo ha sido que han atendido a 54.000 víctimas, exhumado 4.185 cadáveres y se han compulsado 6.316 copias para investigar a políticos, militares o empresarios.
